El titular del Juzgado número siete de San Javier acaba de archivarla denuncia que presentó el PSOE el pasado febrero contra el alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida,, cinco concejales y dos funcionarios municipales. El juez aclara que la decisión de adjudicar la contrata a una de las tres opciones "debe ser examinada por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa", puesto que constata que "no es constitutiva de un delito de prevaricación".
El pantalán de Los Alcázares ha dado lugar a un largo capítulo de polémica. Con su estado ruinoso, provocó el procedimiento público para contratar las obras de reconstrucción que evitara problemas de seguridad, un contraro que acabó en los juzgados y que finalmente se ha saldado sin más conflictos, aunque aún hubo un coletazo más en el famoso muelle. La noche de Viernes Santo, con el pueblo en plena celebración de las Incursiones Berberiscas, un acto de vandalismo terminó con el incendio de las maderas y un hombre detenido. Tras el controvertido arreglo del muelle, el Ayuntamiento tendrá que volver a contratar a una empresa para que lo repare.
Con el sobreseimiento del expediente judicial, el juez descarga al alcalde y el resto de investigados en el 'Caso Pantalán', que acudieron en las últimas semanas a declarar ante el juez. La denuncia del PSOE se basaba en la contratación de las obras, por valor de unos 120.000 euros, mediante un procedimiento urgente sin publicidad, en el que se invitó a presentar sus ofertas a tres empresas, que resultaron tener relación entre sí a través de socios comunes, según constaba en la querella.
Entre los indicios delictivos que presentaron al juez se encontraba el hecho de que los presupuestos de las tres mercantiles eran similares, pero sobre todo denunciaban el hecho de que la empresa adjudicataria había contratado a la hija del alcalde a pocos días de que la ompañía formalizara el contrato con el Ayuntamiento. Tampoco en esta circunstancia el juez ve un comportamiento delictivo, y deja claro que "no existen indicios sobre la contratación de María Iriana Bastida como una contraprestación a la obra adjudicada".
El portavoz socialista, Chema Gil, considera que "los hechos se encuentran 'estricto sensu' dentro de la ley, pero existen responsabilidades políticas que a nuestro juicio resultan evidentes". "Por ello mantenemos la petición de dimisión de los concejales del Equipo de Gobierno que participaron en el procedimiento".
Por su parte, el alcalde, Anastasio Bastida, aseguró ayer que "la verdad prevalece sobre las mentiras, y me alegro sobre todo por mi hija y por los dos funcionarios. Lo de mi hija es lo que más daño me ha hecho".
