El polémico decreto de protección del Mar Menor saldrá adelante en la Asamblea regional -en el plazo de un mes- gracias a los votos de Ciudadanos y Vox. Con esa seguridad, el Gobierno regional (PP) aprobará hoy, JUEVES, el decreto ley que ya cuenta con la oposición del PSOE y de los grupos vecinales y ecologistas.
Vox ya anunció la pasada semana que apoyará el decreto porque el PP había incluido todas sus reivindicaciones sobre los usos agrícolas, ganaderos, turísticos, industriales, pesqueros y medioambientales de la laguna. Desde Vox se mostraron especialmente satisfechos porque se habían incorporado a la ley todas las demandas de las asociaciones de agricultores. En un comunicado, el partido de extrema derecha advirtió de que "no permitiremos que se criminalice la agricultura o no se trate con respeto al campo y sus costumbres, ya que forman parte de la propia identidad de España".
Vox mantiene la exigencia de que se "devuelvan las golas al estado que tenían durante la época dorada del Mar Menor". En anteriores demandas, pidieron que se recuperara el calado de 1950, a pesar de la cuota de intercambio de aguas en esa fecha era menor que el actual, ya que no se encontraba aún dragado el canal del Estacio.
El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, expondrá hoy las modificaciones que se han incorporado al borrador del texto, que fija la prohibición del uso de fertilizantes a menos de 500 metros de la orilla del Mar Menor.
El PSOE se opondrá a la aprobación del decreto después de la negociación fallida con el Gobierno regional. El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha manifestado esta mañana que su partido "está centrado en el interés general, que es salvar el Mar Menor, mientras que el Gobierno regional apuesta más por salvaguardar ciertos intereses económicos particulares, y ahí no vamos a estar". Cree que con la aprobación del decreto ley del PP, la Región "ha perdido una oportunidad única".
Las diferencias de criterio entre el PP y el PSOE sobre la protección del Mar Menor ha hecho imposible el acuerdo. Mientras que el PP propone una franja de 500 metros donde esté probido el uso de fertilizantes, el PSOE quiere ampliarla a 1.500 metros de la línea de costa como tratamiento de choque, a lo que el consejero Luengo respondió que esta medida conllevaría indemnizaciones.
El PSOE propone además una ordenación territorial de toda la cuenca en tres años, en lugar de en cinco. También defiende la creación del Consejo del Mar Menor en el que intervenga la sociedad civil, en lugar del Comité Social que creó el Gobierno regional y del que varios colectivos terminaron por dar la espantada. Propone crear un registro de expedientes sancionadores en materia de protección del Mar Menor, que sera público y con acceso a través de internet. La propuesta socialista contempla acelerar los tiempos de aplicación de las medidas del decreto, como los tres años de moratoria urbanística y el plazo de un año para evaluar los puertos deportivos y que en 5 años se eliminen las escolleras.
El decreto del PP podría afectar a los cultivos más próximos a la laguna, dotados principalmente de agua de pozos. Estos tendrían que reducir su superficie, introducir métodos de agricultura ecológica o volver a convertirse en cultivos de secano. No afecta a las 32.000 hectáreas protegidas por el Trasvase Tajo-Segura, ya que cualquier modificación relativa a estas explotaciones autorizadas tendría que pasar por el Gobierno central, que no ha mostrado su intención de introducir cambios.
EL CAMPO DICE QUE SÍ; LOS ECOLOGISTAS, QUE NO
Por su parte, el portavoz del sindicato agrario COAG en el campo de Cartagena, Vicente Carrión, ha asegurado esta mañana que "hemos aceptado el planteamiento del Gobierno regional para ver si la presión que se ejerce contra el sector agrícola se reduce". Carrión asume la reconversión de los cultivos de la franja de 500 metros en torno a la labufera.
El Gobierno regional ha mantenido reuniones con colectivos involucrados en la laguna, aunque algunos, como ANSE han declinado participar ya que, según su portavoz, Pedro García, "no ha sido un proceso de participación porque no ha habido documentación alguna que revisar". "No vamos a ira estas alturas a hacer una lluvia de ideas. Esto ha sido una pantomima para aprobar una ley sin cunsultar", afirma García. La asociación ecologista considera que el decreto es "una ley de mínimos, que no aporta nada nuevo y que reduce a 500 metros la franja de protección del Mar Menor".
