Denuncian los contratos falsos de alquiler por mafias para aprovecharse de la falta de viviendas

Comarca Mar Menor
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"Hay mafias que dan una patada en la puerta de las viviendas de los bancos, les cambian el bombín, hacen un contrato falso de alquiler y piden dinero por la llave", explica Charo Tárraga, promotora de la nueva Asociación de Defensa de la Vivienda y la Integración Social (ADVIS).

Denuncia que "muchas personas desesperadas por encontrar un alquiler asequible, piensan que con quien tratan es el propietario y son engañados". Solo se dan cuenta del error cuando la Policía interviene por algún motivo ajeno al falso acuerdo. 

Para Tárraga, que ha estado durante los últimos años al frente de la Plataforma Antidesahucios de la comarca del Mar Menor, la causa de estos fraudes está en la precariedad de las familias que no pueden acceder a un mercado de alquiler que sobrepasa las posibilidades de una economía de bajos recursos. En la zona costera "piden entre 450 y 500 euros por un alquiler, que son cifras inasumibles para una familia con ingresos limitados", señala Tárraga. Asegura que "ahora la situación es más complicada que cuando teníamos que negociar las hipotecas impagadas, porque intentabas obtener la dación en pago y se llegaba a alquileres sociales, pero ahora esas deudas han pasado a ser de fondos buitre, que no aceptan alternativas y se cierran a soluciones". 

Aún así, a través de la ADVIS intenta "abrir camino con los ayuntamientos y los mediadores de los fondos buitre para que cedan parte de las viviendas" que estos últimos se quedaron con la oleada de desahucios. El objetivo de la nueva asociación es "que los ayuntamientos gestionen esa bolsa de viviendas" como garantes de una gestión equitativa. "Ya hemos llegado a acuerdos iniciales con los ayuntamientos de Torre Pacheco y de San Pedro del Pinatar, y estamos a la espera de poder hablar con los de San Javier y Los Alcázares", indica Tárraga.

La nueva asociación atiende a los afectados por las dificultades de acceder a una vivienda un día a la semana en cada municipio, con un sistema de cita previa que reanudarán cuando finalice la crisis sanitaria. Para ayudar en las familias de la comarca en la búsqueda de un arrendamiento accesible cuentan con seis personas "y ampliándose", indica Tárraga, además de un experto jurídico para garantizar la legalidad de los trámites, y una trabajadora social.

"Hay muchas personas en exclusión, que buscan ayudas para el alquiler", afirma Charo Tárraga. 

En ADVIS les facilitan información sobre subvenciones y acerca de viviendas con alquileres legales. También ofrecen asesoramiento para el empleo y formación. "Hacemos seguimiento de los usuarios que nos piden ayuda totalmente gratuita, y ya tenemos casos de personas que han accedido a un empleo a través de la Asociación", indica. 

FOTO: Uno de los numerosos desahucios de familias que perdieron su vivienda en los años de la crisis en la comarca costera. 

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