Si pasa por el Mar Menor el próximo 12 de agosto, no se extrañe al ver más de 300 embarcaciones navegando el hilera por la orilla de norte a sur. Son los barcos de los dueños de los puntos de amarre del puerto de Tomás Maestre, que han convocado una manifestación náutica para reclamar a la Comunidad Autónoma que no amplíe la concesión a la empresa Puerto Menor, y se la conceda a una asociación deportiva o blub náutico.
Entre 300 y 500 embarcaciones esperan reunir los titulares de los puntos de amarre del Puerto de Tomás Maestre el próximo 12 de agosto en el Mar Menor. Según decidieron en las asambleas celebradas en junio, convocan esta manifestación náutica "para que no se adjudique de nuevo a una empresa privada la concesión del puerto, sino a un club o asociación con fines deportivos", explica Antonio Soriano, presidente de la asociación Asopuerto 2018 creada para defender los derechos de los propietarios -temporales- de los atraques.
Los convocantes quieren hacer visible la protesta con una concentración masiva de barcos, que partirá del puerto de Tomás Maestre y recorrerá la costa del Mar Menor. "El malestar entre los titulares continúa y esto debe ser un aviso contundente", explica Soriano. Están dispuestos a "evitar que la Comunidad Autónoma amplíe la concesión a Puerto Menor, lo que le reportaría a la empresa muchos millones de beneficio, pero ocasionaría graves problemas". Soriano recuerda además que "las concesiones se suelen dar a clubes náuticos y asociaciones deportivas, no a empresas privadas como en este caso, que hasta ahora ha sido una excepción".
Los más de 600 dueños de amarres que integran Asopuerto 2018 mantienen un pulso con Puerto Menor que previsiblemente acabará en los tribunales, según vaticinan ambas partes. La mercantil reclamó a los titulares el pago por la supuesta actualización del contrato por los próximos cinco años con el argumento del cambio legal que les permitirá disfrutar de los amarres hasta abril de 2023.
Puerto Menor basa su pretensión en la última reforma legislativa. Tras obtener en 1974 la concesión por 50 años, la Ley de Costas de 1989 restringió el plazo originario a 30 años, aunque una nueva reforma legal le repuso las cinco décadas de gestión y explotación del puerto. Por eso la empresa solo reclama a los que compraron el amarre después de 1989, que podrían ser más de 600 propietarios, lo que le abocará a una demanda colectiva "larga y pesada", según auguró el abogado Tomás Maestre, heredero directo de la empresa que en 1973 construyó el puerto deportivo más grande de España, con 1.713 amarres, el equivalente al 29% de la capacidad total de los puertos deportivos de la Región.
La venta de las concesiones temporales desacredita a Puerto Menor para renovar la concesión, a juicio de los afectados de Asopuerto. "Maestre logró la concesión de 50 años -que acaba en 2023- y luego dividió el puerto en porciones para vendérnoslas a cada uno de los titulares, que formamos el 89% de la propiedad total", explica el presidente de la asociación. Asopuerto, junto al Club Náutico, competirá con Puerto Menor por la concesión con todas sus armas. Y este verano esperan dar una muestra de unidad.
