Más de 11 años de recibos impagados del Impuesto de Bienes Inmuebles de 117 propiedades que ha dejado de ingresar el arca municipal de Los Alcázares a causa de la trama de corrupción urbanística ideada por Roca, el exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, que extendió su sombra hasta la costa del Mar Menor.
La reclamación municipal se produce justo cuando el Juzgado de Málaga ha levantado el proceso concursal sobre la urbanización situada en primera línea de la playa de Los Narejos, ante la oferta de un comprador. Ha sido finalmente la entidad de crédito Liberbank, fruto de la integración de Cajastur (incluido el Banco de Castilla-La Mancha), Caja de Extremadura y Caja Cantabria, la firma que se quedará con este complejo que cuenta ya con 104 chalés construidos con garajes y trasteros, además de 17 solares urbanos por construir y una parcela deportiva de 14.000 metros cuadrados.
El alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, se personó la pasada semana en el Juzgado de Málaga para formalizar la reclamación. "Esperamos el cobro en corto plazo porque para actuar como propietarios de pleno derecho, el comprador tiene que haber saldado todas las deudas", explica el regidor, quien reconoce que el cobro del agujero que ha dejado la trama Malaya a las arcas municipales -y que ha engordado con los años- "permitiría realizar obras como la reparación del polideportivo después de un año en el que hemos sufrido las mayores inundaciones de la historia". "De ver la urbanización abandonada a que alguien apueste por Los Alcázares y la termine, es un gran paso", indica Bastida.
La entidad Liberbank, cuyas acciones se han desplomado esta semana en Bolsa como efecto de la caída del Popular, ha visto la potencial rentabilidad de este complejo inmobiliario concebido en principio como un resort protegido con un vallado perimetral y un arco de entrada de seguridad las 24 horas, sobre todo porque su superficie solo está ocupado al 15%. En función de la tipología de viviendas que la entidad proyecte construir en los terrenos situados entre la playa del Mar Menor y el espacio natural La Hita -cerca del aeropuerto de San Javier-, podrá calcular el número de viviendas y su rendimiento, aunque en ningún caso podrá superar el techo de edificabilidad de 27.000 metros cuadrados.
Fuentes municipales precisaron ayer que "lo que queda por construir es la parte más atractiva de la urbanización, las parcelas para chalés, mientras que lo construido forma parte de la tipología más asequible de viviendas, los pisos". La nueva propietaria deberá hacer frente además a la puesta a punto de las zonas ajardinadas y la piscina, cuyo estado ha quedado deteriorado a lo largo del proceso concursal, a pesar de que el recinto incluye 86 viviendas de propietarios privados.
Con Nueva Ribera, el juez malagueño da carpetazo a una de las mayores propiedades de Roca en Los Alcázares, donde compró además Torre del Rame -ya vendida a una mercantil-, aunque quedan aún pendientes de liquidar el hotel de cuatro estrellas del centro urbano -actualmente alquilado a la cadena BlueSense aunque actualmente cerrado por los daños de las inundaciones-, tres parcelas en La Dorada -cuyo valor ronda los 90.000 euros- y la finca La Loma, la joya del imperio del ex asesor encarcelado. El Juzgado de Málaga tiene a la venta el que fue el edén particular de Roca por unoa 27 millones de euros. La Policía encontró en la vasta propiedad un abundante número de joyas y obras de arte, incluidas ocho pinturas de Miró, además de tres vehículos antiguos de la marca Mercedes y un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones. La finca cuenta con helipuerto, tres naves industriales y el palacete.
Demoler exceso de alturas o compensar con una zona verde
La 'herencia' de Roca en Los Alcázares, además del agujero que dejó en las arcas municipales y el freno que su intervención judicial supuso para el desarrollo del municipio, lleva aparejados otros lastres. El Ayuntamiento tiene abiertos aún los expedientes sancionadores por las irregularidades urbanísticas detectadas en la urbanización Nueva Ribera, que acaba de comprar Liberbank. Entre ellas, se encuentra el pórtico de acceso para vehículos y peatones, con barrera de control y el vallado perimetral, la construcción de una plaza circular interior y un trazado no acorde con el aprobado en el plan parcial, según detallo en su día un informe técnico municipal. La inspección detectó además la ocupación de una zona comercial mediante edificación de viviendas y el incumplimiento de la distancia mínima de linderos, además de la ubicación parcial de la edificación en la zona de retranqueo obligatorio.
Con todo, la irregularidad más grave es la construcción sobre la altura máxima autorizada de unos torreones de escalera, con una sala de acceso a terrazas y una superficie media de unos 20 metros cuadrados. El técnico municipal levantó acta de la existencia de 27 de estos torreones, que sumaban una superficie construida de 540 metros sobre la autorizada. A raíz del informe, el Ayuntamiento debegó las cédulas de habitabilidad solicitadas por la empresa Masdevallía S.L., una de las sociedades de Roca, y abrió expediente sancionador por infracciones graves y muy graves que siguen vigentes.
¿Qué pasará con el expediente tras la venta de la urbanización? Fuentes municipales señalaron ayer el carácter ineludible de las dos consecuencias de la infracción, por un lado el restablecimiento de la legalidad urbanística y, por otro, la sanción, que deberá pagar el nuevo propietario y que forma parte del importe total que el Ayuntamiento le reclama.
Sobre los torreones, la empresa deberá decidir si los derriba o si intenta compensar el exceso de metros construidos con la cesión de una parcela de zona verde al Ayuntamiento. Esta posible situación dependerá del informe que el Ministerio de Defensa tiene pendiente de emitir sobre el exceso de alturas de los torreones, ya que se encuentran en el espacio cercano circundante del aeropuerto, cuya pista es de titularidad militar aunque funciona sin limitaciones abierta al tráfico civil. El informe realizado por un reconocido ingeniero aeronáutico, a petición del Ayuntamiento, resultó favorable a la solución de la permanencia de las torres, aunque el Ministerio de Defensa tiene aún la última palabra.
