La joven Alejandra -Sandra, como la conocían todos en San Javier- ha muerto en el hospital Virgen de la Arrixaca apenas un día y medio después de ser evacuada del incendio que se declaró en el piso de la calle Mártires donde vivía con su madre. La trabajadora municipal, con un 33% de discapacidad psíquica reconocida, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% de su cuerpo y rostro, también en las vías respiratorias. La Guardia Civil investiga si el fuego fue provocado por su madre, afectada por un deterioro cognitivo, tal y como ella admitió cuando la encontraron en la puerta de la vivienda con un encendedor de cocina en la mano.
¿Qué ha fallado en el caso de Sandra para que el sistema no haya sido capaz de protegerla?
Los médicos de emergencias comprobaron que Sandra se encontraba ya en coma cuando la sacaron con dificultad de la vivienda, sobre todo por el denso humo y la escasa visibilidad. En la madrugada del miércoles fue trasladada de urgencia al hospital Virgen de la Arrixaca, donde ha fallecido esta misma tarde. Su triste final ha causado conmoción en sus vecinos y amigos, ya que Sandra tenía un carácter dulce y siempre servicial. Junto a su novio, estaba presente en las fiestas y actos de San Javier, como una pareja entrañable. Sandra era además muy conocida, ya que llevaba varios años trabajando en el Consistorio de San Javier.
Su fallecimiento tiene una cronología previa de trámites de una administración a otra sin que nadie haya sido capaz de proteger a dos mujeres discapacitadas a pesar de las advertencias de los vecinos y conocidos, que según recogen las diligencias policiales, venían advirtiendo de las amenazas continuas de la madre de quemar la casa con su hija dentro.
- La situación de Sandra en su casa se hizo cada vez más complicada a medida que su madre empeoraba, hasta que en septiembre del año pasado, Aidemar solicitó la incapacitación de Sandra ante la Fiscalía del Área de Cartagena.
- A finales de noviembre de 2019 (dos meses después) el Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Javier admite a trámite la demanda presentada por el Ministerio Fiscal para incapacitar a Sandra.
- Ya el 15 de mayo de este año, después del confinamiento, la Concejalía de Derechos Sociales de San Javier envía el informe a la Fiscalía del Área de Cartagena solicitando que tome medidas de carácter cautelar que permitan proteger la salud y la integridad física tanto de la madre como de la hija.
- El 29 de mayo, dos días antes del incendio que ha terminado por matar a Sandra, la Concejalía de Derechos Sociales envía a la Fiscalía la documentación acreditativa solicitando la incapacitación con carácter urgente de la madre.
"Hemos hecho todo lo que hemos podido", asegura la concejal de Derechos Sociales de San Javier, Estíbaliz Masegosa. "La Policía loca, la Guardia Civil y Servicios Sociales le hemos ofrecido todos los recursos, pero ellas las rechazaban", afirma la edil. Asegura que le ofrecieron a Sandra una plaza para vivir en uno de los pisos tutelados de Aidemar, pero ella no quería dejar a su madre, a pesar de que las discusiones familiares eran cada vez más frecuentes.
La concejal explica que el pasado febrero la madre accedió a acudir al centro de día, lo que mejoró la situación, aunque el confinamiento puso fin al servicio y no es difícil pensar que contribuyó a empeorar la situación entre las dos mujeres. La responsable municipal confirma que, de hecho, "la situación se agravó en mayo". Servicios Sociales destinó una asistente social, que acudía al domicilio y se aseguraba de que la madre tomaba la medicación. "Estoy tranquila con el trabajo que se ha hecho por parte de la Concejalía y de la Policía local", afirma la edil, quien reconoce sin embargo que "no sé dónde ha estado el fallo".
Cree que ahora es momento de "reconsiderar y pulir errores, porque tal vez teníamos que haber hecho más" para proteger a Sandra. La cronología del trámite del caso de Sandra deja ver la demora de la actuación del Juzgado incluso para un caso de emergencia, como el de las dos mujeres con discapacidad y en situación de vulnerabilidad extrema. Tampoco ayudó la falta de un diagnóstico médico más ajustado para la madre, que según la edil tan solo tenía reconocido un deterioro cognitivo. Con toda una costosa cadena de administraciones, dotadas de recursos legales y económicos, finalmente Sandra no ha recibido la protección que le evitara un final tan doloroso e injusto.
En San Javier se la recordará con cariño y una punzada de tristeza, aunque su caso debe servir al menos para reflexionar, examinar el funcionamiento de la gestión pública en todos los ámbitos -desde los juzgados, los servicios médicos, y las alertas de las fuerzas de seguridad, pasando por la actuación de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos- y evitar que nadie se quede sin ayuda cuando más la necesita. Ella lo hubiera querido.
