Si los desahucios son un problema aún sin solución, en medio de la epidemia se convierten en un drama. El Juzgado de Instrucción número 7 de San Javier ha ejecutado esta mañana, miércoles, el desalojo de un matrimonio de jubilados de origen marroquí, residentes en Torre Pacheco desde hace 27 años. "El Juzgado no ha aceptado ni el alquiler social ni un aplazamiento de unos meses hasta que mejore la epidemia", denuncian desde Servicios Sociales.
Los afectados llevaban 6 años pagando la cuota hipotecaria, pero al quedarse ella sin ingresos laborales, dejaron de pagar pues solo cuentan con la pensión del marido. La comisión judicial, acompañada por la Guardia Civil, ha dado una hora a la pareja para que dejara la vivienda. De pronto se han visto en la calle, con sus enseres y pertenencias. Se alojarán en la casa de unos familiares.
"Es una forma de hacinar a la gente, lo que va a aumentar los contagios", denuncia Charo Tárraga, portavoz de la Asociación de Defensa de la Vivienda y la Integración Social. "Hay jueces que no tienen en cuenta la situación, que no es fácil con una tasa alta de casos de Covid y el nivel rojo activado en los centros de salud", señala la portavoz.
Ni siquiera el escrito de la Concejalía de Servicios Sociales, indicando a la juez la falta de alternativas de alojamiento para este matrimonio mayor, ha evitado el lanzamiento. "Les ha dado igual la situación. También tenemos otros desahucios con familias numerosas, que se tienen que meter en viviendas con otras familias, y al Juzgado no le importa", explica la concejal de Servicios Sociales, María José López.
Desde el Ayuntamiento ha intentado negociar con los fondos de inversión, que poseen una amplia bolsa de viviendas vacías, pero "tienen numerosas barreras por delante y es muy difícil llegar a hablar con ellos, además de que no quieren negociar". López les propone crear unos alquileres sociales con la supervisión de Servicios Sociales, de modo que ofrezca garantías a los propietarios, al tiempo que ayuda al mantenimiento de viviendas que en algunos casos llevan años vacías u ocupadas por varias personas.
El retraso en el pago de las ayudas, tanto las del alquiler de la Comunidad Autónoma, como el Ingreso Mínimo Vital, tampoco favorece a las familias que se han visto perjudicadas por la epidemia. Mientras tanto, el goteo de desahucios continúa, y Tárraga advierte de que "con la pérdida de trabajos se van a producir muchos más en los próximos meses, pero no se ofrece una alternativa a las familias".
